La Alcaldía de San Pedro de Macorís firmo un acuerdo
de cooperación interinstitucional con la Oficina Nacional de la Defensa Pública
(ONDP), convirtiéndose en el primer organismo
municipal en firmar este tipo de convenio.
El acuerdo establece que ambas instituciones se
comprometen a establecer un régimen de colaboración, donde converjan mejorar
las condiciones de los privados de libertad, facilitando su reintegración social,
su dignidad y su crecimiento académico y apoyar a los internos que no puedan
pagar sus multas o garantizar su libertad condicional.
“Hoy, en un paso sin precedentes, hemos firmado un
acuerdo con la Oficina Nacional de Defensa Pública, que nos convierte en el
primer Ayuntamiento del país en establecer una alianza para mejorar las
condiciones de los privados de libertad. Esta colaboración busca garantizar sus
derechos humanos y fomentar su reintegración
social, brindándoles acceso a educación, salud y actividades que promuevan su
desarrollo personal. Desde el cabildo siempre impulsaremos acciones para
fomentar una mejor sociedad”, expresó el alcalde Raymundo Ortiz.
Asimismo, reafirmó el compromiso que tienen las
autoridades municipales, de hacer sus aportes para construir una sociedad más
justa e inclusiva, donde cada persona tenga la oportunidad de transformar su
vida.
Mientras que
Rodolfo Valentín Santos , director nacional de la ONDP, felicitó al alcalde y a su equipo de trabajo por sumarse a ser
parte de la solución y no del problema, creando un espacio de oportunidades y, aseguró
que con ello el organismo municipal será un referente para los demás Ayuntamientos del país.
El acuerdo fue firmado por el alcalde Ortiz y Santos,
director de la ONDP, en un acto donde estuvieron presentes el magistrado José
Manuel Glas Gutiérrez, presidente de la Corte de Apelación Penal, los concejales
Felipe de los Santos, Mártires Trinidad y Francisco Frías, Bryan Mallia,
secretario general del cabildo, Croniz Bonilla, subdirectora nacional de ONDP,
Daniel Watts, coordinador Departamental de la ONDP en San Pedro de Macorís, así
como representantes de la sociedad civil.
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